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El Semanal Digital
21 abril 2014. Actualizado 08:25Director: Antonio M. Beaumont
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Desde Levante
25 de enero de 2012   Sígueme Imprimir este artículo Enviar a un amigo Aumentar texto Reducir texto Compartir: Acceder al RSS Comparte esta noticia en Facebook Comparte esta noticia en Twitter Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé Enviar a Digg Enviar a MySpace
DESDE LEVANTE
Años de juicio paralelo y "penas de telediario" que deben castigarse
¿Quién repone ahora el daño moral, personal y político que ha costado la presidencia de la Generalitat a Francisco Camps o la proyección política de Ricardo Costa?.
SALIDA TRIUNFAL
Francisco Camps, saliendo del TSJCV tras conocerse el veredicto.
No culpables para la Justicia. Pero la realidad para Francisco Camps y Ricardo Costa es bien distinta porque han sido previa e inmisericordemente penados, vilipendiados, vapuleados, linchados por parte de la opinión pública y algunos medios de comunicación desde el minuto uno en el que a Baltasar Garzón se le ocurrió imputar al entonces presidente de la Generalitat valenciana. Tres años de largo calvario y padecimientos políticos, familiares y personales para que al final el Jurado popular ponga las cosas en su sitio y le tenga que recordar al ministerio Público, al juez Juan Climent y a la acusación particular, ejercida convenientemente por el PSOE, que sin pruebas no se puede condenar a ninguna persona. Es lo que marca nuestra Constitución.

Y, sencillamente, en el juicio a Costa y a Camps no se ha respetado en ningún caso la presunción de inocencia y, de paso, han sido diariamente condenados por los medios de comunicaciones afines al PSOE -y no tan afines como el caso de El Mundo- hasta extremos insostenibles y alimentado mofas, escarnios, insultos y hasta agresiones (este miércoles se han llegado a arrojar huevos contra el vehículo de Camps) olvidando aquello que marca el artículo 24 de la Constitución: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".

Los nueve miembros del Jurado han dado un soberano repaso, una lección a quienes han mantenido las acusaciones contra Camps (Garzón, el instructor José Flors, la Policía, a la Fiscalía y al PSOE) argumentando punto por punto del objeto del veredicto y recordándole a la Justicia que no había nada probado, ni pruebas documentales, ni físicas, ni facturas, ni vinculación alguna entre los trajes y las adjudicaciones o contratos con la Generalitat. Además, han afeado la credibilidad de testigos –en este capitulo los responsables policiales de la investigación no pueden salir de rositas- como José Tomás y sus permanentes contradicciones.

Este asunto no puede salir "gratis" a quienes se empeñaron en no dar por bueno aquel archivo del prestigioso magistrado del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, a quien también se le trató de linchar. Ahora se ha hecho Justicia con Camps y con Costa pero la pena les ha venido por adelantado. Y como a ellos a Víctor Campos (que sufrió hasta un infarto) y a Rafael Betoret. Habría que exigir responsabilidades penales a los impulsores de esta farsa. También políticas para el PSOE y el resto de la oposición e incluso dentro del PP que no ha respaldado como debería a su presidente en la Comunidad Valenciana.

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