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El Semanal Digital
24 abril 2014. Actualizado 13:03Director: Antonio M. Beaumont
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DESDE LEVANTE
Algunas razones que hacen dudar del juicio a Camps
Son realidades que habitualmente no se cuentan cuando se informa de la llamada "causa de los trajes". Ahora les damos algunos detalles que no dejan bien parado al proceso.
JUZGADOS
Ricardo Costa y Francisco Camps se enfrentan al juicio que el TSJCV ha abierto por la "causa de los trajes".
La "causa de los trajes" tiene unas singularidades que la han convertido en un proceso cuanto menos atípico y desde luego con muchas dudas sobre su imparcialidad. En lo relacionado con el delito, a Francisco Camps y Ricardo Costa se les acusa de "cohecho pasivo impropio", previsto en el artículo 426 del Código Penal de 1995 y castigado con una simple multa, sin ni siquiera conllevar la inhabilitación para cargo público. El delito cohecho pasivo impropio se produce cuando un funcionario o autoridad "admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función", sin ninguna contrapartida por su parte al que le hace el regalo. Al acusarle sólo de cohecho pasivo impropio el juez instructor, Juan Climent, ya reconoce que Camps o Costa no tomaron ninguna decisión, ni legal ni ilegal, a favor de Álvaro Pérez "El Bigotes" y sus empresas relacionadas con la bautizada "trama Gürtel".

La acusación tiene importantes "peros" y no esconde su parcialidad. La ejercen el PSOE y las fiscales que dependían del Gobierno socialista. Baltasar Garzón, que empezó a instruir el caso, fue candidato del PSOE por Madrid y está siendo juzgado por prevaricación cometida en este caso al privar del derecho de defensa a varios acusados. El entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo tuvo que dimitir por descubrirse que se había reunido con el juez, la fiscalía y policía judicial al inicio del proceso. El TSJCV archivó la denuncia porque no apreciaba delito, pero María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta, ordenó públicamente a la fiscalía que recurriera. El Supremo reabrió el caso porque no compartía el argumento jurídico del TSJCV. Curiosamente, poco después, archivó la acusación contra José Bono porque un constructor, que había trabajado para la Junta de Castilla-La Mancha cuando él era presidente, le hizo gratis las obras de su casa. El motivo para archivarlo fue que el constructor era amigo del entonces presidente del Congreso.

Tras todo esto, Camps se ha sometido al juicio voluntariamente y, como dice, para demostrar su inocencia. Una vez dimitido, si Camps fuese culpable le habría sido infinitamente más fácil y cómodo pagar la multa ahorrándose el juicio. Pero de nuevo, su profunda conciencia de ser inocente le movió a decidir someterse a todas las penalidades de un juicio con jurado y abierto a todos los medios de comunicación. Como ya ha contado El Semanal Digital, el juez Juan Climent que ahora juzga a Camps no es juez de carrera: es un ex alto cargo socialista propuesto por el PSOE para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Además, fue Secretario General de Presidencia del socialista, Joan Lerma. El juez permitió que una candidata del PSOE formara parte de la lista del jurado, aunque finalmente no fue elegida.

Sólo esta última fase de un proceso que dura ya tres años, el juicio con jurado, está costando mil veces más que los supuestos regalos. Conviene recordar algo que no se está cumpliendo en este proceso contra Camps y Costa: en Justicia es la acusación la que debe dar pruebas incontestables de la culpabilidad del acusado. Es un derecho fundamental que el acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto no es el acusado quien debe demostrar su inocencia sino la acusación demostrar su culpabilidad. El sastre José Tomás primero declaró hasta en tres ocasiones que Camps se pagaba los trajes, y de manera sorprendente, cambio su declaración. Isabel Jordán, la contable de Correa, ha reconocido que la acusación a Camps que hizo no era cierta y que lo dijo en un momento de tensión, pero ahora se desmiente. Los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, sin saber que estaban siendo grabados, manifiestan varias veces que no pagaron nunca trajes a Camps.

Lo que tiene que demostrar la acusación, es que haya unos trajes que fueron "regalados en consideración a su función pública". Es decir, que no haya ninguna posibilidad de que fueran pagados en metálico y que, en ese caso, fueran regalados en consideración a su función de presidente. La acusación se sustenta en unas facturas y albaranes donde figura el nombre de Camps pero que se ha demostrado que son falsas. La acusación intenta hacer creer que aunque son falsas en su concepto y en su importe, son verdaderas en el nombre del cliente. La acusación se sustenta también en el testimonio de Tomás. El mismo día que le despidieron por hacer facturas falsas fue a la policía para cambiar su versión y acusar a Camps. Desde entonces mantiene presencia continua en los medios y una columna en VanityFair llamada "el sastre de Camps". Camps niega que se haya hecho algunas de las prendas que se le achacan, pero nunca ha negado que se hiciera algunos trajes.

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