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DENUNCIA POR ESTE ACTO |
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El Supremo tendrá que determinar si hay responsabilidad penal en la presentación socialistas del "mapa de la corrupción de la Comunidad Valenciana". |
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Se cuela de rondón en plena campaña electoral una decisión judicial que se ha
conocido este fin de semana y que afecta directamente al socialismo valenciano.
Así que este domingo no sólo ha sido noticia en la Comunidad Valenciana el
multitudinario mitin de Mariano Rajoy en la plaza de toros de
Valenciana porque el juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha remitido al
Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por el secretario general del
PPCV, Antonio Clemente, contra el secretario
general del PSPV, Jorge Alarte, por los
presuntos delitos de injurias y calumnias cometidos durante la presentación en
la sede socialista de Ferraz del informe "La corrupción en la Comunidad
Valenciana".
El auto es ya antiguo, de fecha 21 de septiembre de 2011,
pero ha sido ahora cuando ha sido desvelado por la agencia de noticias Europa
Press. El juez entiende que es competencia de la sala de lo Penal del Supremo
juzgar esta causa, dada la condición de diputado, y por tanto aforado, de
Alarte. Además, razona que dado que los hechos se cometieron
fuera de la demarcación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV), corresponde al Alto Tribunal la instrucción y enjuiciamiento
de la causa. Los hechos denunciados por el PP valenciano se remontan al 15 de
marzo pasado, cuando Alarte y el entonces portavoz del PSPV en Les
Corts, Ángel Luna, presentaron junto a la diputada
nacional Elena Valenciano el denominado "Informe de la corrupción en la
Comunidad Valenciana", que recogía 15 presuntos casos de corrupción en la región
e implicaba a 60 cargos del PP valenciano.
Tal y como les contó en su
momento El Semanal Digital, el 30 de mayo, el propio
Clemente acudió a la Ciudad de la Justicia de Valencia para
ratificar la denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias graves con
publicidad y destacó que todos aquellos cargos que habían difundido este apodado
"mapa de la corrupción" en campaña eran susceptibles de ser denunciados. Seis
días más tarde, el juez confirmó la imputación de Alarte y éste fue citado a
declarar el 28 de junio, aunque no acudió aludiendo a su condición de aforado.
La jueza atendió su escrito y suspendió la declaración. Posteriormente, el PPCV
presentó un escrito al juzgado en el que ampliaba la querella al ex portavoz
parlamentario, Ángel Luna; a la secretaria de Política
Internacional del PSOE, Elena Valenciano, y a la autora del
texto, Eva Martínez, así como al PSOE como
responsable civil.
Una denuncia que ahora tendrá que ver el Supremo. Las
acciones legales las emprendió el PPCV en medio de un ambiente político
enrarecido y muy judicializado tras las reiteradas denuncias del PSPV contra
Francisco Camps, a costa de el llamado "caso de los trajes", y
el recrudecimiento de las relaciones entre ambos partidos en esos momentos
inmersos en plena campaña electoral de las autonómicas y municipales, unas
elecciones en las que se impusiese Camps obteniendo una
histórica victoria. Sin embargo, poco más de un mes después el presidente electo
dimitía dejando su puesto a Alberto Fabra y tensando aún más
las relaciones entre populares y socialistas.
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