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20 abril 2014. Actualizado 00:16Director: Antonio M. Beaumont
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24 de mayo de 2010   Sígueme Imprimir este artículo Enviar a un amigo Aumentar texto Reducir texto Compartir: Acceder al RSS Comparte esta noticia en Facebook Comparte esta noticia en Twitter Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé Enviar a Digg Enviar a MySpace
DENUNCIA AL SUPREMO
Anticorrupción ocultó pruebas que certifican que Camps pagó sus trajes
El abogado Ignacio Peláez denuncia al Supremo que los fiscales de Gürtel ocultaron una prueba clave para la defensa del president que demuestra que pagó sus trajes.
PRUEBA DEFINITIVA
La Fiscalía ocultó al TSJCV de forma "maliciosa" que Francisco Camps se pagó sus trajes.
El letrado del Gürtel Ignacio Peláez, defensor de José Luis Ulibarri que interpuso la querella admitida contra Baltasar Garzón por intervenir comunicaciones de los cabecillas de esta trama con sus letrados en prisión, ha acusado ante el Tribunal Supremo a las fiscales Anticorrupción, Concepción Sabadell y Myriam Segura, de ocultar una prueba clave para la defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en la causa de los trajes. Peláez ha presentado una ampliación de su querella inicial en la que solicita al magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que impute a las dos fiscales por permitir y beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y también por ocultar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una grabación realizada a Pedro Crespo en la que éste afirma que Camps se pagó sus trajes.

Esta es una prueba definitiva que daría la razón a las insistentes manifestaciones del presidente valenciano que aseguraba estar en posesión de "pruebas exculpatorias". En su escrito de ampliación de la querella, que ha revelado Europa Press, se solicita la declaración de las dos fiscales adscritas al caso en calidad de imputadas por los mismos delitos que se instruyen contra Garzón, que son los de prevaricación y contra las garantías de la intimidad. La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez y Crespo en la que éste señala que el president "se pagó sus trajes" pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque nos es cierto" certifica la transcripción literal de las conversaciones.

"Las fiscales tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al TSJCV", según la querella, que abunda en que cuando se abrió el secreto del procedimiento seguido contra Camps no constaba la grabación hecha a Crespo, "lo que sin duda alguna las fiscales querelladas conocían, pues ya habían tenido noticia de ellas cuando los funcionarios de Policía les dieron traslado de una copia". Según Peláez, al actuar de este modo se privó a la defensa de Camps "de una prueba fundamental y esencial que podía haber aportado no sólo ante el juez instructor, ante el TSJ valenciano, sino también ante el Tribunal Supremo cuando estas mismas fiscales recurrieron el sobreseimiento que fue acordado por el tribunal superior".

Se acusa además a Sabadell y Segura de actuar de forma irregular desde el inicio del procedimiento contra la presunta trama de corrupción ligada al PP, por interponer directamente su denuncia en el Juzgado de Garzón, en vez de mandarla al turno reparto en este órgano, alegando su conexión con una causa precedente que no era tal. "La única relación entre los dos casos era que el titular del despacho donde se hizo la entrada y registro había sido asesor de Francisco Correa y al mismo tiempo tenía clientes con cuentas en el BBVA", añade la querella. Recuerda el querellante que la única parte del procedimiento que puede tener conocimiento del secreto sumarial es Fiscalía, y que las fiscales del caso eran "plenamente conscientes" de que las resoluciones dictadas por Garzón para escuchar a los abogados eran contrarias a la Ley.

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