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El Semanal Digital
24 abril 2014. Actualizado 13:03Director: Antonio M. Beaumont
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Desde Levante
11 de mayo de 2010   Sígueme Imprimir este artículo Enviar a un amigo Aumentar texto Reducir texto Compartir: Acceder al RSS Comparte esta noticia en Facebook Comparte esta noticia en Twitter Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé Enviar a Digg Enviar a MySpace
DESDE LEVANTE
Cataluña, que controla el Ebro, también se apropia del agua del Júcar
Los catalanes se adjudican la gestión y control de la cuenca Júcar mientras que el Gobierno de Aragón protesta al considerarlo injusto "olvidando" su derogación del PHN.
QUIEREN EL JÚCAR
Los catalanes quieren tener capacidad de decisión también de la cuenca del Júcar. Ahora los aragoneses montan en cólera y anuncian recursos judiciales.
No han tenido suficiente con la derogación del agua excedentaria del río Ebro, con la insolidaria negativa a ejecutar el trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional, y ahora también el Gobierno de Cataluña se adjudica competencias y control del "valenciano" (digo entre comillas porque uso los nada acertados criterios aragoneses y catalanes de apropiarse de las cuencas) río Júcar. Sí, no es broma, así lo contempla el Plan de Gestión de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña que con total tranquilidad, y opino que sin ningún principio democrático o base legal, se otorga competencias directas de gestión y decisión sobre los ríos Ebro, Júcar y el Garona. El Gover de Josep Montilla parece decidido a controlar el agua que pasa por su territorio y también de que la apenas discurre por él. Supongo que serán reminiscencias de su antecesor, Pasqual Maragall y presiones de su conseller, Josep Lluís Carod-Rovira.

Curiosamente, ante el hecho, han reaccionado rápidamente las autoridades aragonesas –las mismas que se han autoconcedido la propiedad del Ebro- cuyo Consejo de Gobierno ha facultado al Instituto Aragonés del Agua a recurrir a los tribunales de justicia en el caso de que el plan de gestión continúe redactado en los términos en los que se ha presentado el borrador. Una reacción rápida, y contundente, ahora la del Gobierno de Aragón que defiende, casi con literalidad, lo que promulgaban en su día Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel y todo el PP: "se otorga competencias que no le corresponden porque fija caudales ecológicos para todos los ríos aunque discurran por más de una comunidad autónoma y establece disposiciones sobre acuíferos compartidos por Aragón". No lo dice Camps, ni Valcárcel, ni nadie del PP de Mariano Rajoy; lo afirma el Gobierno del derogador Marcelino Iglesias.

Ahora, cuando les duele a los aragoneses, es el momento que levantan la voz reclamando lo que creen injusto y viendo la paja en ojo ajeno y no el pedazo de viga, o dique, que tienen en el suyo. Es apropiado y hasta saludable reclamar desde las instituciones lo que es justo y de ley, pero lo que pide ahora Aragón es simplemente incoherente con su acción política, ejemplo y comportamiento cuando se apresuraron a negarle el agua excedentaria de la cuenca del Ebro al sediento sudeste español. Que no, de ninguna de las maneras, iba a utilizar el agua que se vierte al mar para regar campos de golf y sí para la subsistencia económica de millones de personas. Agua del Ebro, que conviene recordar, se iba a pagar y a precio casi de oro.

El Consejo de Gobierno de Aragón se ha apresurado a pedir ayuda al secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que ahora –a diferencia de lo que ocurriera en el año 2004- sí está interesado en evitar conflictos territoriales a costa del agua afirmando que el conseller de Medio Ambiente catalán, Manuel Hernández, respeta el ordenamiento constitucional. Perdonen ustedes pero no me creo nada porque estos mismos personajes, y cuando la sequía angustiaba a los barceloneses, no tuvieron vergüenza la hora de autorizar un trasvase del Ebro para Barcelona. Eso sí, María Teresa Fernández de la Vega lo bautizó como "cesión temporal". ¡Manda huevos!, que diría Federico Trillo.

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