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El Semanal Digital
18 abril 2014. Actualizado 09:08Director: Antonio M. Beaumont
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Desde Levante
12 de marzo de 2010   Sígueme Imprimir este artículo Enviar a un amigo Aumentar texto Reducir texto Compartir: Acceder al RSS Comparte esta noticia en Facebook Comparte esta noticia en Twitter Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé Enviar a Digg Enviar a MySpace
DESDE LEVANTE
La corrupción urbanística golpea otro municipio gobernado por el PSPV
La sombra de la sospecha en la gestión salpica de nuevo a un alcalde socialista. El alcalde de Bigastro (Alicante) responderá a acusaciones por malversación y falsedad documental.
ANTE EL JUEZ
El alcalde, el secretario judicial, varios ediles y funcionarios de la localidad de Bigastro han declarado ante el juez imputados de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
Los socialistas valencianos tienen un motivo más para sentirse preocupados. Los problemas, esta vez, no se ciñen a lo meramente electoral; la gestión urbanística de un municipio gobernado por un alcalde del PSPV-PSOE de nuevo está en la picota o, para ser más exactos, en los tribunales de Justicia que han admitido a trámite una denuncia vecinal que supone otra mancha más en el expediente de los ayuntamientos gobernados por socialistas. El juzgado de Instrucción 2 de Orihuela citó así a declarar, en condición de imputados, al alcalde de la localidad alicantina de Bigastro y a otros tres concejales más de su Equipo de Gobierno por presuntos delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio.

El primer edil de esa localidad de la Vega Baja, Raúl Valerio, y sus ediles Mari Carmen Alonso, José Espinosa e Inmaculada Martínez comparecieron en los juzgados para dar explicaciones al magistrado sobre las graves acusaciones que parten de una vecina y que denuncian el cobro ilegal de unas tasas en un sector urbanístico de la población que serían contrarias a ley. En un primer momento, Valerio restó importancia a la querella anunciando que conseguiría que no tuviesen que comparecer en sede judicial argumentando que todo había sido motivado por un error de fechas propiciado por el secretario municipal, algo que venía a reconocer de forma implícita los hechos. No ha sido así, más bien todo lo contrario porque la Justicia determinó que se produjese esa declaración manteniendo la condición de imputados por delitos de prevaricación y falsedad documental.

Pero para mayor disgusto no sólo los cargos políticos protagonizaron un desfile por el juzgado, también tuvieron que comparecer y declarar bajo la misma condición de imputados el secretario del Consistorio y un grupo de funcionarios municipales hasta un total de once. Estamos pues ante una nueva tormenta en el PSPV de Alicante aunque de momento su secretaria general provincial -cargo por cierto de reciente creación- Ana Barceló no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo. Ningún otro cargo local, comarcal o provincial de los socialistas ha opinado todavía sobre un asunto que arrastra desde septiembre de 2009 y que ahora por fin tendrá resolución final en los juzgados, estando como está a la espera de la decisión del juez.

En la misma línea que los anteriores, la dirección nacional del PSPV ha guardado silencio como lógicamente ha hecho su número uno, el secretario general de los socialistas valenciano, Jorge Alarte. Se da la circunstancia de que el anterior alcalde socialista de esta localidad, José Joaquín Moya, se vio obligado a dejar la alcaldía tras ser detenido e ingresado en prisión por delitos de corrupción urbanística. Los ahora imputados culpan al PP por creer que es el responsable de estar siendo sometidos a "una persecución".

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