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Los socialistas no están dispuestos a soltar la "presa" por más que los tribunales les den la espalda una y otra vez. |
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Los socialistas conocen de primera mano que lo que resta del sumario de Gürtel
no va a dar mucho más de sí en lo relacionado a mermar electoralmente a su
invencible rival electoral en la Comunidad Valenciana, el PP. Por ello preparan
ahora estrategias paralelas para intentar exprimir al máximo la rentabilidad
electoral que creen le pueden sacar a Francisco Correa,
El Bigotes y compañía.
El primer hecho que certifica
esta cuestión es la acelerada e inesperada cita en Ferraz, organizada por
Leire Pajín, que reunió con ésta a los diputados nacionales
socialistas en la Comunidad Valenciana. El encuentro, según informan algunos de
los asistentes a El Semanal Digital, sirvió de auténtica clase
práctica de cómo rentabilizar Gürtel con un decálogo de obligada aplicación por
sus señorías. Y es que parece que, salvo el ruido mediático que se pueda
orquestar, poco más rascarán de la trama Gürteliana.
Cubierto el
frente mediático, los socialistas se han percatado que su estrategia valenciana
comenzaba a hacer aguas en el frente judicial. Algo que no se podían permitir
(no soportan la evidencia de que no haya dirigentes del PPCV imputados) por lo
que en esta próxima semana formalizarán su denuncia contra el adversario por
presunta financiación irregular. La denuncia persigue cumplir el primer punto
del decálogo socialista: sembrar la permanente duda sobre la honorabilidad del
PP de Francisco Camps y, a buen seguro, con la siempre
inestimable colaboración de la Fiscalía lo van a conseguir durante un tiempo, el
mismo que se dilate el pronunciamiento de la Justicia.
Jorge
Alarte, junto a Ángel Luna y los servicios jurídicos
del PSPV, han preparado concienzudamente la demanda para conseguir todo un circo
mediático en una suerte de desfile por los juzgados de cargos del PP a los que,
en un principio, la acusación los citará como testigos. No solo tendrán que
declarar Camps, Ricardo Costa, David
Serra o Yolanda García Santos, los socialistas
pretenden llamar a un gran número de consellers (Vicente
Rambla, Trinidad Miró, Angélica Such)
o a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez.
Pero no sólo se va a quedar ahí la cosa. Los demandantes quieren
fotografiar entrando a los juzgados a todo aquel que suponga un valor en alza
para el PPCV. Así, y según ha podido saber El Semanal Digital,
van a llamar a declarar a la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo o a la portavoz del PP en Elche, Mercedes
Alonso, que en 2007 a punto estuvo de arrebatarles a los socialistas la
única gran ciudad en la que gobiernan en la Comunidad.
La estrategia de
sacar rédito electoral sea como sea y haciendo abuso de la justicia es más que
evidente por mucho que se empeñen en negar la mayor desde el PSOE. La ciudadanía
además empieza a percibir que todo este asunto tiene un intenso tufillo
electoral. Sin embargo, y aunque parezca modus operandi novedoso, no lo es en la
Comunidad Valenciana: el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz
Alperi, ha ejercido durante 13 años en permanente condición de imputado
gracias a que cada cita con las urnas coincidía con una denuncia interpuesta por
el PSOE. La Justicia, sistemáticamente, ha archivado cada causa pero los años de
sospecha sobre su honorabilidad no se los ha quitado nadie aunque la ciudadanía
siempre le ha recompensado con mayorías absolutas. Que tomen nota en el PSPV.
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